Es una política nacional multisectorial, liderada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que compromete a las entidades del Estado, en sus tres niveles de gobierno, al logro de resultados de igualdad de género a través de sus intervenciones.

El problema público que se aborda desde esta política es la discriminación estructural contra las mujeres, entendida como el conjunto de prácticas reproducidas por patrones socioculturales instalados en las personas, las instituciones, y la sociedad en general, las cuales manifiestan en discursos y comportamientos excluyentes y violentos avalados por el orden social que mantienen y reproducen la dominación masculina y la subordinación de las mujeres a partir de una distribución desigual e injusta del poder.